Las recientes opiniones consultivas del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia marcan un punto de inflexión en el derecho internacional climático. Por primera vez con este nivel de claridad, los tribunales confirman que la financiación para responder a las pérdidas y daños causados por el cambio climático no es una opción política ni un acto voluntario de solidaridad, sino una obligación legal vinculante derivada del deber de cooperación, la prevención del daño, la protección de los derechos humanos y la obligación de reparación. Este blog presenta los principales hallazgos del policy brief What the ICJ Opinion Means for Loss and Damage Finance, que analiza qué implican estas obligaciones para el diseño, la financiación y el funcionamiento del Fondo para responder a las Pérdidas y Daños, y por qué su adecuación será clave para la rendición de cuentas de los Estados en una era de impactos climáticos acelerados.